Todos ellos participaron en la compra de una finca de 59.475 m2 calificada como rústica, por parte de la sociedad empresarial La Cruz de la Ermita, a la que benefició con su actuación y de la que formaban parte su primo, Ramón Juan, un concejal socialista, Rafael Garzón, y el que fuera secretario Local de los socialistas, José Vaquero.
La Cruz de la Ermita fue el resultado de varias empresas. Entre ellas Asmoca, del primo del alcalde, Servycom (cuyo administrador único es el edil Garzón y que tenía como socio a José Vaquero, era secretario local socialista), Suministros Agroindustriales Ginés, Castillo de Lennen y la propia Burguillos Natural, que el alcalde presidia.
El ex alcalde, en nombre de la empresa municipal, firmó una opción de compra del 50% del suelo, mientras que su primo, junto a otro socio, adquirió mediante esa opción el otro 50%. El precio estipulado fue de 75 millones de pesetas por ella y cuatro solares más de 200 metros cuadrados cada uno.
El ex alcalde José Juan López, hizo, por tanto, de corredor mercantil a favor de una empresa privada, en la que figuraba un primo suyo, un concejal y el ex secretario local del PSOE de Burguillos.
La compra se formalizó mediante dos escrituras y en ellas aparecían por un lado los hermanos que vendían y por otro Ramón Juan Fernández, como representante de La Cruz de la Ermita.
La empresa municipal a la que el ex regidor socialista representaba, Burguillos Natural, ya englobada en La Cruz de La Ermita, se quedó con el 12% del terreno, por lo que se desprendió de un 38% en favor de la empresa del primo.
Aunque la finca costó 75 millones de pesetas, se escrituró en menos de 21, es decir, que se pagaron en dinero negro más de 54 millones de pesetas. Se dirá que es frecuente, pero es que estamos hablando de un alcalde y una sociedad municipal. ¿Cómo se contabilizó el resto del dinero?
Los cuatro miembros de La familia vendedora declararon en el juzgado que tuvieron que vender porque el ex alcalde les amenazó con expropiarles o meterles una carretera de circunvalación por el centro de la finca. También reconocieron haber cobrado más de 54 millones de pesetas en dinero negro.
Y ahora la guinda. La juez encargada del caso tras la denuncia del PP dio por hecho que las compras de los terrenos se efectuaron con dinero negro pero archivó el caso por prescripción forzosa.
Ahora bien, ¿a qué caja iba el dinero negro municipal y quién y para qué usaba ese dinero? Y otra pregunta: ¿Podemos permitirnos los ciudadanos españoles que prescriban los delitos cometidos con dinero público?
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