Para López, el PGOU, del año 2006, «legalizó» las naves, pero él concedió todos los permisos antes.
Este es el titular donde el ABC de Sevilla de hoy explica la declaración de Jose Juan ayer en el juzgado.
El exalcalde socialista de Burguillos José Juan López —ya condenado e inhabilitado por delito urbanístico en mayo de 2009— declaró ayer como imputado en el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla en otro de los frentes judiciales que tiene abiertos por denuncia del PP. En este caso, por las licencias otorgadas entre 2002 y 2006 para construir más de 40 naves industriales en suelo no urbanizable, en la zona del polígono El Estanquillo. López concedió dichas licencias pese a los informes en contra del arquitecto y el secretario municipales.
Ayer, el que fuera alcalde burguillero se limitó a responder a las preguntas de la juez, negándose a contestar a la acusación ejercida por los populares, afirmando que él «entendía que los informes no eran desfavorables», de ahí que diera los permisos para levantar las naves, y destacando, además, que siguió adelante con ese proceso administrativo «para generar puestos de trabajo en el pueblo» gracias a la construcción de las naves y a la hipotética actividad industrial posterior. Lo hizo «para crear empleo». Manteniendo su tesis de otras veces, López recalcó que «con el PGOU esos suelos han quedado legalizados», si bien no incidió en que ese plan general es de agosto de 2006 y todas las licencias se concedieron antes, con otra calificación que impedía dar los permisos. El exalcalde actuó a hechos consumados, dándole a los suelos categoría de urbanizables a posteriori, maniobra ciertamente burda que no ha pasado desapercibida para la propia Junta de Andalucía, a cuyos peritos solicitó la juez un informe que ya tiene en la mesa. En este documento incorporado ahora a la causa se respalda por completo la denuncia del PP al subrayarse de manera categórica que los suelos no eran urbanizables cuando se concedieron las licencias. Es más, no sólo se alude a las naves sino a una urbanización anexa a esa zona, cuyas licencias también pone en entredicho. las tesis de la acusación se adhirió también la Fiscalía. Pese a ello, López destacó ayer, escuetamente pero sin rubor, que «jamás» ha concedido «una licencia ilegal», motivo por el que precisamente fue condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa por delito contra la ordenación del territorio. Éstas para las naves las dio «para crear puestos de trabajo» y sin «entender» que los informes eran desfavorables.
Por este tema también puede verse salpicada su sucesora en el cargo, la también socialista Mariana Pérez, alcaldesa hasta el pasado mayo, ya que firmó una de las licencias en calidad de teniente de alcalde al estar López de vacaciones en ese momento. Un primo del exalcalde imputado, por cierto, es el propietario de una de las naves en suelo no urbanizable.
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